El futuro judicial y político del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub se discute en la tarde de este martes en la plenaria del Senado, donde los congresistas definen por votación si el togado cordobés debe seguir en su cargo tras el escándalo de corrupción que empañó a la Corte Constitucional. 

El magistrado Jorge Pretelt es investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara por el delito de concusión, luego de denuncias del entonces magistrado Mauricio González Cuervo, por el presunto ofrecimiento de $500 millones que permitiría manipular la selección y estudio de una acción de tutela para favorecer los intereses de Fidupetrol.

En este proceso, al continuar el Senado con la investigación, se acusará a Pretelt ante la Corte Suprema de Justicia.

Para la sesión se definió que ni Pretelt ni su abogado Abelardo de la Espriella podrían intervenir, ya que según el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, se trata de un simple trámite del proceso que no da lugar a defensa. Por tal razón, Pretelt no asistió al recinto.

Al inicio de la sesión, que empezó con dos horas de retraso, el senador Guillermo Santos aseguró que “El país está expectante ante las decisiones que se van tomar” y que por ello en el Congreso durante el proceso debe reposar “la democracia colombiana”. "No vamos a actuar sesgados políticamente, sino pegados a la ley", aseguró Santos.

Al intervenir José Obdulio Gaviria y exponer su ponencia de nulidad frente al caso del magistrado Pretelt, el senador aseguró que “desde el inicio del proceso en la Cámara de Representantes hubo fallas en el caso”.

“En el caso Pretelt faltó dilucidar competencias, llevar cuerda procesal, definir tipificación de delitos y demostrar autoría”, señaló Gaviria.

José Obdulio Gaviria propuso así  "nulidad para regresar el proceso de Pretelt a la Cámara y que se corrijan errores como cuerda procesal y tipificación".

A su turno el senador Roosvelt Rodríguez indicó que “No podemos declarar la nulidad de lo hecho por la Cámara. Eso se debe hacer en la Corte Suprema”.

"La petición de nulidad es abiertamente inconstitucional”, aseguró Rodríguez.